La jurista y excomisionada de la CIDH Flávia Piovesan participó en la construcción de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria. En esta entrevista, realizada en el marco de la campaña “¡Libertad Académica YA!” de la CLAA, reconstruye el proceso que llevó a su adopción en 2021 y advierte que, cinco años después, el desafío central es convertir ese marco de derechos en una herramienta efectiva frente a los ataques contra la ciencia, las universidades y el pluralismo democrático.
De un diagnóstico fragmentado a un estándar interamericano
La libertad académica no apareció de manera abstracta en la agenda del sistema interamericano. Para Flávia Piovesan, su reconocimiento fue el resultado de un proceso impulsado por denuncias, movilización de organizaciones, universidades y comunidades académicas que evidenciaban un patrón creciente de amenazas en distintos países de las Américas.
Durante su mandato como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2018 y 2021, Piovesan comenzó a identificar denuncias cada vez más frecuentes relacionadas con ataques a la libertad académica. Las situaciones incluían represión de colectivos estudiantiles, hostigamiento, recortes presupuestarios, represalias y medidas arbitrarias o discriminatorias contra docentes y estudiantes.
Una audiencia regional realizada en Bolivia fue, para ella, un momento decisivo. La participación de universidades y organizaciones como Scholars at Risk permitió reunir situaciones que hasta entonces aparecían de manera dispersa.
“Esta audiencia […] nos dio la fotografía de las graves amenazas y hostilidades que estaba sufriendo la comunidad académica en la región.”
El diagnóstico también reveló una ausencia normativa. Frente a la pregunta sobre cuál era la disposición de la Convención Interamericana que reconocía explícitamente la libertad académica, Piovesan identificó una brecha que debía ser enfrentada.
Así comenzó un proceso abierto, colectivo y participativo para construir los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, adoptados por la CIDH en 2021.
Para Piovesan, la participación de las universidades fue fundamental. El proceso buscó también fortalecer el diálogo entre la academia y el sistema interamericano de derechos humanos. Hubo audiencias, seminarios, consultas, estudios comparados y sucesivas versiones del documento.
“El proceso es tan valioso como el resultado.”
La construcción de los Principios no siguió una lógica cerrada. Incorporó a universidades, organizaciones, especialistas y también a los Estados. La perspectiva, destaca Piovesan, fue construir los estándares desde abajo, mediante un proceso “participativo, abierto, transparente e inclusivo”.
Un derecho humano individual, institucional y colectivo
Uno de los aportes centrales de los Principios es reconocer la libertad académica como un derecho humano autónomo e interdependiente.
La definición rompe con una comprensión restringida de la libertad académica como una prerrogativa exclusiva de las universidades o de quienes trabajan en ellas. Para Piovesan, se trata de un derecho conectado con la libertad de expresión, el derecho a la educación, la libertad de conciencia y asociación, el derecho a la ciencia y otros derechos fundamentales.
La dimensión individual protege la posibilidad de generar, buscar y transmitir conocimiento. La dimensión institucional exige autonomía universitaria. La dimensión colectiva reconoce que la sociedad también tiene derecho a beneficiarse de la producción científica y académica.
“Tal como la Corte decía que la libertad de expresión es piedra angular de las democracias, yo hago por analogía el mismo razonamiento con la libertad académica”, afirma.
Y formula una síntesis que atraviesa toda la entrevista:
“No hay democracia sin libertad académica, no hay libertad académica sin democracia.”
La autonomía universitaria ocupa un lugar central en esta arquitectura. No se limita a una cuestión administrativa. Comprende decisiones financieras, presupuestarias, pedagógicas, organizativas y científicas, de la inviolabilidad del espacio, además de las condiciones necesarias para que las comunidades académicas puedan desarrollar sus actividades sin interferencias arbitrarias.
Los Principios también establecen obligaciones para los Estados. No intervenir arbitrariamente, no censurar y no utilizar de manera indebida el derecho penal son parte de las obligaciones negativas. Crear condiciones para un ambiente pluralista, inclusivo y no discriminatorio forma parte de las obligaciones positivas.
La libertad académica frente al avance del autoritarismo
Cinco años después de la adopción de los Principios, Piovesan considera que el contexto que motivó su creación no ha perdido relevancia. Por el contrario, ha adquirido nuevas dimensiones.
La entrevista destaca un escenario de creciente autocratización y ataques al pluralismo. Los regímenes autoritarios, afirma, tienden a silenciar las divergencias y restringir la circulación de ideas que desafían el pensamiento único.
En este escenario, la libertad académica se conecta directamente con la defensa de la ciencia.
Piovesan llama la atención sobre el negacionismo científico y sobre los ataques contra investigadores e investigadoras que trabajan en temas como la emergencia climática y la salud pública. Para ella, proteger la libertad de investigación significa también proteger la capacidad de la sociedad para producir conocimiento y enfrentar desafíos colectivos.
“La libertad académica, sin la libertad de investigación, sin el poder transformador de las ideas, no permite la existencia de la ciencia.”
La reflexión también se articula con el reconocimiento del derecho a la ciencia. La producción científica no es solamente una actividad interna de las universidades. Está relacionada con el derecho de toda la sociedad a disfrutar de los beneficios de la ciencia y del progreso científico.
Es en este punto donde libertad académica, ciencia y democracia se encuentran.
Los Principios como herramienta de acción
Para Piovesan, los 16 Principios no deben permanecer como un marco jurídico de referencia. Deben ser apropiados por quienes trabajan en la defensa de la democracia, la ciencia y los derechos humanos.
Ella los define como una especie de toolbox: una herramienta para fortalecer acciones, prácticas, discursos jurídicos y políticos.
“Tenemos hoy un instrumento potente.”
La tarea ahora es difundirlos, ampliar su conocimiento en diferentes geografías y utilizarlos frente a situaciones concretas de violación de la libertad académica y la autonomía universitaria.
Esto significa transformar los principios en políticas públicas, compromisos institucionales y mecanismos de protección. Significa también monitorear ataques, responder a situaciones de gravedad y, cuando sea necesario, recurrir a los mecanismos del sistema interamericano.
Para Piovesan, este proceso puede producir un efecto catalizador: fortalecer actores, movilizar agendas y ampliar la capacidad de resistencia democrática.
La creación de los Principios, por lo tanto, no cerró una agenda. Abrió otra.
“Cada punto de llegada es un punto de partida.”
Es precisamente en esta transición —del reconocimiento a la implementación— donde se sitúa la campaña “Por la democracia. Por el conocimiento como bien público. ¡Derecho a la libertad académica, ya!”, de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA).
La campaña parte de una premisa: la libertad académica es un derecho humano y un principio democrático. Protege a quienes enseñan, aprenden e investigan. Protege la autonomía de las instituciones. Protege a la sociedad, que tiene derecho al conocimiento producido por la actividad académica y científica.
La disputa, por lo tanto, no se refiere únicamente a las universidades. Se refiere a las condiciones democráticas para producir, cuestionar, compartir y acceder al conocimiento.
Como sintetiza Piovesan, los Principios deben ser apropiados colectivamente como una herramienta capaz de fortalecer la libertad académica, la autonomía universitaria, la ciencia, el pluralismo y la democracia.
CAMPAÑA “¡LIBERTAD ACADÉMICA YA!” | LOS PRINCIPIOS INTERAMERICANOS
Del reconocimiento a la implementación
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, un marco fundamental para el reconocimiento y la protección de la libertad académica como derecho humano.
Los 16 Principios abordan, entre otros temas, la autonomía de las instituciones académicas, la no discriminación, la protección frente a interferencias estatales y actos de violencia, la prohibición de la censura, el acceso a la información, la educación en derechos humanos, Internet y otras tecnologías, la libertad de asociación, la movilidad y cooperación internacionales y el deber de implementación.
Cinco años después, el desafío es pasar del reconocimiento a la acción.
La campaña “Por la democracia. Por el conocimiento como bien público. ¡Derecho a la libertad académica, ya!” busca ampliar el debate público sobre el significado y el alcance de este derecho, mostrar por qué su protección importa y promover la implementación concreta de los Principios Interamericanos en las Américas.
La libertad académica sólo puede florecer con rigor científico, derechos humanos y democracia.
Entérate: Por la democracia. Por el conocimiento como bien público. ¡Derecho a la libertad académica, ya!