Durante un seminario regional sobre lawfare, libertad sindical y profesión docente organizado por la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), la Coalición destacó que proteger a quienes enseñan e investigan es una condición indispensable para garantizar la libertad académica, fortalecer la democracia y reconocer el conocimiento como un bien público.
La Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA) participó el pasado 31 de julio en el Seminario sobre Acoso Jurídico contra Sindicatos de la Educación: Estrategias para Defender la Libertad Sindical y la Profesión Docente en Tiempos de Lawfare, organizado por la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL).
Representando a la CLAA, su directora ejecutiva, Camilla Croso, intervino en el panel “Construcción de un Ecosistema Regional para la Acogida de Académicas y Académicos en Riesgo en América Latina”, donde presentó los principales avances de la Coalición para fortalecer mecanismos regionales de protección destinados a educadoras, educadores, investigadoras e investigadores que enfrentan situaciones de persecución, violencia, criminalización o desplazamiento forzado.
Durante su presentación, Croso destacó que la libertad académica constituye un derecho humano independiente e interdependiente, reconocido por los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021, y fortalecido posteriormente por los Principios Globales para la Implementación del Derecho a la Libertad Académica, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Asimismo, subrayó que la libertad académica posee una dimensión individual, institucional y colectiva, al proteger el derecho de educadoras, educadores, investigadoras, investigadores y estudiantes a enseñar, aprender, investigar, debatir y difundir conocimientos sin temor a represalias; garantizar la autonomía de las instituciones académicas; y asegurar el derecho de toda la sociedad a acceder al conocimiento como un bien público.
“No podemos hablar de libertad académica si quienes enseñan, investigan y producen conocimiento enfrentan violencia, persecución o censura. Construir un ecosistema regional de acogimiento significa garantizar que educadoras, educadores, investigadoras e investigadores cuenten con condiciones para ejercer su labor con seguridad, dignidad y libertad. Es una tarea colectiva que fortalece la democracia, protege el derecho a la educación y reconoce el conocimiento como un bien público”, afirmó Camilla Croso.
Un contexto de crecientes ataques a la libertad académica
Durante el seminario, la directora ejecutiva de la CLAA analizó el contexto regional marcado por el aumento de las amenazas contra las comunidades académicas y las instituciones de educación superior.
Entre los principales desafíos identificó la violencia contra educadoras y educadores; la censura de temas vinculados con género, diversidad, derechos humanos y cambio climático; la criminalización de organizaciones sindicales y movimientos estudiantiles; el negacionismo científico y la desinformación; el desfinanciamiento de las universidades; la interferencia estatal en la autonomía universitaria; y las acciones judiciales dirigidas contra integrantes de las comunidades académicas.
En este escenario, destacó que la defensa de la libertad académica y de la libertad sindical constituye una condición indispensable para fortalecer la democracia, garantizar el derecho a la educación y proteger la producción de conocimiento con rigor científico.
Hacia un ecosistema regional de acogimiento
Uno de los ejes centrales de la presentación fue la propuesta de la CLAA para construir un Ecosistema Regional de Acogimiento para Educadoras y Educadores en Riesgo en América Latina, una iniciativa que busca consolidar una red regional de protección basada en la cooperación, la solidaridad y los derechos humanos.
La propuesta plantea que el acogimiento sea reconocido como una prioridad regional y cuente con compromisos políticos, capacidades institucionales, mecanismos sostenibles de financiamiento y rutas de cooperación entre universidades, organismos públicos, agencias de financiamiento y organizaciones de la sociedad civil.
Entre las prioridades estratégicas presentadas se encuentran fortalecer la producción de conocimiento y los sistemas regionales de monitoreo sobre violencia contra educadoras y educadores; desarrollar políticas institucionales de acogimiento y mecanismos integrales de apoyo jurídico, psicosocial y académico; promover programas de financiamiento y becas para personas en situación de riesgo; impulsar una internacionalización basada en la cooperación y la solidaridad; y consolidar mecanismos regionales de coordinación para responder a los crecientes ataques contra la libertad académica y la libertad sindical.
La participación de la CLAA en este seminario forma parte de una estrategia regional más amplia orientada a promover la implementación efectiva del derecho a la libertad académica en las Américas. A través de la construcción de mecanismos de acogimiento, la producción de conocimiento, la incidencia política y el fortalecimiento de redes de cooperación, la Coalición busca contribuir a que educadoras, educadores, investigadoras, investigadores y estudiantes puedan ejercer plenamente su labor en entornos seguros, democráticos y comprometidos con los derechos humanos y el rigor científico.
Proteger a quienes enseñan, investigan y producen conocimiento es una condición indispensable para fortalecer la democracia y garantizar el conocimiento como un bien público.