El más reciente informe de Scholars at Risk documenta 382 ataques contra la educación superior en todo el mundo y destaca casos en las Américas, reforzando la necesidad urgente de proteger la libertad académica como un derecho humano fundamental.
La nueva edición de Free to Think, publicada por Scholars at Risk (SAR), ofrece un panorama contundente sobre las crecientes amenazas que enfrentan las comunidades de educación superior en todo el mundo. El informe 2026 documenta 382 ataques contra integrantes de la comunidad académica y estudiantil e instituciones de educación superior en 59 países y territorios entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Los casos incluyen violencia, encarcelamiento injustificado, desapariciones, restricciones a la enseñanza y la investigación e interferencias con la autonomía institucional.
El informe advierte que los gobiernos buscan cada vez más ejercer control político sobre la educación superior mediante medidas que restringen la autonomía universitaria, interfieren en los planes de estudio y la investigación, condicionan el financiamiento y debilitan la gobernanza académica independiente.
“Las universidades son fundamentales para una sociedad democrática porque fomentan el pensamiento crítico. A las personas que están en el poder a menudo no les gusta que se cuestionen las ideas que sustentan su poder. A medida que la democracia se encuentra bajo presión, los gobiernos interfieren en la educación superior”, afirmó Robert Quinn, director ejecutivo de Scholars at Risk.
Los hallazgos son particularmente relevantes para las Américas, donde el informe documenta casos en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Estados Unidos y Venezuela. Estos casos muestran cómo las amenazas a la libertad académica pueden adoptar diferentes formas en el continente, desde la interferencia política e institucional hasta la violencia, las interrupciones en los campus, las restricciones a la enseñanza y los ataques contra estudiantes y docentes.
En Argentina, por ejemplo, el informe documenta un caso ocurrido en la Universidad Nacional de San Luis, donde materiales utilizados por el profesor Leonardo Seguín en un curso de Biología Molecular e Ingeniería Genética fueron retirados y calificados como “adoctrinamiento”. El material incluía el denominado índice de abuelidad, una fórmula estadística utilizada para ayudar a identificar y reunir a niñas y niños apropiados durante la dictadura militar argentina.
En Colombia, el informe describe protestas, enfrentamientos, actos de vandalismo e interrupciones en varias universidades y señala que, si bien la libertad académica es, en general, respetada, estos incidentes afectaron la capacidad de estudiantes para aprender y de docentes para enseñar. En Ecuador, las fuerzas de seguridad ingresaron a la Universidad Central en el contexto de una protesta relacionada con una huelga nacional, se enfrentaron con estudiantes y detuvieron a varias personas.
El informe también documenta formas más graves de violencia en la región. En Guatemala, hombres armados no identificados asesinaron a Edy Josué Romero Tzin, director del Campus Regional de Petén de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En Venezuela, el informe describe un deterioro prolongado de la libertad académica, que incluye el encarcelamiento de integrantes de la comunidad académica, recortes a los presupuestos universitarios, inestabilidad institucional, bajos salarios, acceso limitado a recursos para la investigación y restricciones sobre los contenidos impartidos en las aulas.
En Estados Unidos, por su parte, el informe identifica una escalada de la interferencia gubernamental en la educación superior, incluidas medidas que afectan la estabilidad laboral del personal académico, la enseñanza, el financiamiento de la investigación, la gobernanza universitaria y la participación de estudiantes e integrantes de la comunidad académica internacionales.
Al mismo tiempo, Free to Think 2026 ofrece un importante recordatorio de que el deterioro no es irreversible. Brasil es presentado como un caso de recuperación, con el Índice de Libertad Académica (Academic Freedom Index, AFI) mostrando una recuperación significativa después de años de retroceso en materia de libertad académica y autonomía institucional. El informe señala que la puntuación de Brasil en el AFI pasó de 0,44 en 2019 a 0,85 en 2025, lo que devolvió al país a la categoría de “plenamente libre”.
La libertad académica es un derecho humano y un imperativo democrático
Más allá de documentar ataques individuales, el informe sitúa estos casos dentro de un marco internacional más amplio para la protección de la libertad académica. En 2024, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación instó a los Estados a reconocer la libertad académica como un derecho humano autónomo e independiente. Posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció la libertad académica como una dimensión fundamental del derecho a la educación y destacó su importancia para el progreso científico, el conocimiento y la protección de los derechos humanos.
Los Principios para la implementación del derecho a la libertad académica, incluidos en el informe, afirman que la libertad académica es el derecho a desarrollar conocimientos e ideas, está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos, requiere autonomía institucional, incluye la libertad de expresión dentro y fuera de la comunidad académica y depende del acceso a la información, la libertad de circulación y asociación y la protección de los derechos de las y los estudiantes.
Para la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA), el informe es particularmente significativo porque refuerza la necesidad de una acción colectiva en todo el continente para convertir estos principios en mecanismos efectivos de protección para las comunidades académicas.
“Free to Think 2026 deja claro que la libertad académica no es una preocupación abstracta ni distante. En las Américas, estamos viendo distintas formas de presión sobre las universidades y las comunidades educativas, desde interferencias en la enseñanza y la investigación hasta violencia, represión y ataques contra la autonomía institucional. Proteger la libertad académica significa proteger el derecho a aprender, enseñar, investigar y compartir conocimientos libremente. También significa proteger las condiciones que hacen posibles las sociedades democráticas: el pensamiento crítico, el rigor científico, los derechos humanos y la democracia”, afirmó Camilla Croso, directora de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA).
El informe también reconoce explícitamente la importancia de las coaliciones regionales y recomienda apoyar a organizaciones como la Coalición por la Libertad Académica en las Américas para fortalecer la implementación de principios regionales de protección, el monitoreo y el apoyo jurídico.
Para la CLAA, esta dimensión regional es fundamental. Los desafíos documentados en Free to Think 2026 demuestran que la libertad académica no puede protegerse mediante acciones aisladas. Requiere instituciones sólidas, comunidades académicas autónomas, cooperación regional y mecanismos capaces de responder a las amenazas antes de que la censura, la interferencia política, la violencia y la intimidación se normalicen.
“La evidencia recopilada por Scholars at Risk refuerza la urgencia de fortalecer la protección colectiva de la libertad académica en las Américas. Contamos con principios y normas internacionales de derechos humanos que reconocen este derecho; el desafío es garantizar que sean implementados y se traduzcan en garantías concretas para estudiantes, docentes, investigadores e instituciones educativas. La libertad académica solo puede construirse con rigor científico, derechos humanos y democracia”, añadió Camilla Croso.
Los hallazgos de Free to Think 2026 ofrecen, por lo tanto, tanto una advertencia como un llamado a la acción: proteger la libertad académica es esencial no solo para las universidades y las instituciones educativas en su conjunto, sino también para la democracia, los derechos humanos, el progreso científico y la libre circulación del conocimiento en las Américas.