Comunicado de la CLAA No. 1/2024
21 de mayo de 2024
En los últimos meses, universidades en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, México y Perú, entre otros países de las Américas, han sido escenario de protestas intensas y generalizadas, las cuales han llevado a la ocupación de edificios universitarios y/o el establecimiento de campamentos en el campus, debido a la guerra en Gaza. Medios de comunicación y organismos de derechos humanos han reportado casos de detenciones ilegales/arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad, así como restricciones arbitrarias y represalias contra la libertad de reunión y expresión de estudiantes (incluyendo expulsiones y suspensiones). Además, informes sobre violencia religiosa y étnica, así como el acoso contra miembros de la comunidad de enseñanza superior, incluyendo incidentes antisemitas, antimusulmanes y antiárabes, suscitan gran preocupación.
La Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA) documenta y monitorea restricciones y ataques contra la libertad académica y la autonomía universitaria, incluyendo su impacto en la democracia, la justicia y el estado de derecho. La CLAA hace un llamado a representantes de instituciones de educación superior y a autoridades públicas para que tomen las medidas necesarias para garantizar un espacio seguro para el intercambio libre y abierto de ideas en los campus. Esto incluye el respeto y la protección, dentro de los límites fijados por ley, de la libertad académica, la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, el derecho a la protesta y la integridad personal en el espacio universitario.
Tal como lo reconoce los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, los miembros de la comunidad de educación superior, incluido la población estudiantil, gozan del “(…) derecho a expresarse, reunirse y manifestarse pacíficamente en relación con los temas que se investigan o debaten en el seno de dicha comunidad en cualquier espacio (…)”. En las sociedades democráticas, las universidades son centros de debate de ideas y situaciones de interés público, las cuales deben ser formuladas de forma crítica y respetuosa. Este principio debe ser respetado por todas las partes interesadas.
Como se afirma en los Principios para la implementación del derecho a la libertad académica, los miembros de la comunidad de la enseñanza superior “(…) tienen derecho a expresarse y dialogar con personas y grupos dentro y fuera del sector académico, de la investigación y de la enseñanza”. En consonancia con esto, la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios ha declarado que las restricciones “(…) a la libertad de expresión y protesta sólo pueden justificarse con pruebas claras, objetivas y demostrables de peligro para las personas, violaciones graves de la ley y perturbaciones importantes del funcionamiento esencial de una universidad o escuela superior”.
El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que el derecho a la protesta puede incluir una perturbación temporal y molestias en la vida cotidiana. Como ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la “(…) ocupación de edificios, públicos o privados, constituye una forma legítima de protesta. Cualquier restricción a estas manifestaciones debe ser excepcional, necesaria y proporcional”.
Las autoridades de enseñanza superior deben abstenerse de tomar medidas que limiten arbitrariamente la expresión pacífica en el campus o amenacen con sancionar a estudiantes o a otros miembros de la comunidad universitaria por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y libertad académica. Por el contrario, estas instituciones deben adoptar todas las medidas para fomentar, proteger y modelar un debate público sano.
Los intensos debates en torno a la guerra en Gaza exigen un compromiso renovado, por parte de todas las partes interesadas, hacia los valores que constituyen el núcleo de una universidad saludable. Hacemos un llamado a los Estados y a las autoridades de educación superior para que protejan y promuevan la libertad académica y la autonomía institucional en las Américas, incluyendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar los derechos de libre expresión y reunión en el campus, y en todos los eventos, absteniéndose de incurrir en restricciones indebidas de estos derechos.
Asimismo, hacemos un llamado a todas las partes interesadas -incluyendo las autoridades de educación superior, autoridades públicas, estudiantes, profesorado y miembros del público- para que garanticen que los campus son espacios de aprendizaje, respeto y debate abierto, libres de violencia e intimidación, incitación al odio, acoso y discriminación, incluidos el antisemitismo, el odio antimusulmán y antiárabe.