La Relatora Especial sobre el derecho a la educación y varias coaliciones, entre ellas CAFA-CLAA, se reúnen en la ONU para debatir los ataques y los avances en el fortalecimiento de la libertad académica
“Una de mis frases favoritas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es «la libertad indispensable para la investigación científica y la actividad creativa. Y para mí, la libertad académica y práctica es el núcleo de la creación de conocimiento, la expresión artística y todo lo que ello conlleva”, afirmó Farida Shaheed, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, al inicio de su presentación en el evento paralelo celebrado al margen de la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, el 24 de junio.
Bajo el título “Enfoques regionales para la aplicación del derecho a la libertad académica”, la reunión reunió voces de diversas regiones sobre la libertad académica, entre ellas Camilla Croso, directora de la Coalición para la Libertad Académica en las Américas (CAFA-CLAA); Bencharat Sae Chua, director de la Coalición del Sudeste Asiático para la Libertad Académica; Kwadwo Appiagyei-Atua, director de la Coalición Africana para la Libertad Académica; y Jesse Levine, responsable superior de defensa de Scholars at Risk, para reflexionar sobre los retos y las estrategias para garantizar la libertad académica en el mundo.
La libertad académica bajo ataque
La Relatora Especial explicó que su reciente informe abordaba el alarmante aumento mundial de las violaciones de la libertad académica, que afectan a estudiantes, educadores e investigadores que son silenciados, sancionados o privados de recursos debido a su trabajo, sus ideas o su compromiso público. Estas violaciones incluyen ciberataques, encarcelamiento, recortes de financiación, cierre de publicaciones y medidas administrativas como la inseguridad laboral, el bloqueo de ascensos y la eliminación de determinadas materias. Destacó que esos ataques amenazan la democracia, la creatividad y el bien público, al igual que los ataques contra los medios de comunicación libres y la sociedad civil.
Según el Índice de Libertad Académica 2024, la libertad académica está empeorando en 23 países y mejorando solo en 10, y más de la mitad de la población mundial vive bajo severas restricciones. El informe anual Free to Think (Libres para pensar) de Scholars at Risk subraya aún más los retos a los que se enfrentan los académicos, los estudiantes y las instituciones de educación superior. El informe Free to Think 2024 detalla 391 ataques distintos en 51 países, destacando las tendencias preocupantes en África, América, Asia, Europa y Oriente Medio.
Los cuatro pilares de la libertad académica
Farida Shaheed hizo hincapié en la importancia de los enfoques normativos y regionales para la aplicación de la libertad académica, señalando que, aunque no se menciona explícitamente en los tratados internacionales, se basa en diversas disposiciones legales. Pidió su reconocimiento constitucional como derecho autónomo aplicable a todos los niveles de la educación para los educadores, investigadores y estudiantes.
Para ella, la libertad académica significa la capacidad de acceder, producir y compartir conocimientos libremente, interactuar con perspectivas diversas dentro y fuera del ámbito académico y defender cuatro pilares fundamentales: el derecho a enseñar, a participar en debates, a investigar y a difundir los resultados sin temor.
“Creo que la libertad académica es la libertad de acceder, difundir y producir información. Pensar libremente es desarrollar, expresar, aplicar y comprometerse con la diversidad del conocimiento. Se encuentra dentro o está relacionada con el campo de especialización o de estudio de cada uno, independientemente de si tiene lugar dentro o fuera de la comunidad académica”, afirmó.
Grabación de la presentación de Farida Shaheed (en inglés):
Marcos sobre la libertad académica para fortalecer la democracia y la educación
En respuesta a los ataques contra la libertad académica y con el objetivo de fortalecer la democracia y el derecho humano a la educación, han surgido coaliciones regionales, como la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, en 2021, para promover la creación de redes, la incidencia, la investigación, el monitoreo y el desarrollo de marcos de protección.
Dichos marcos, como los Principios para la aplicación del derecho a la libertad académica y los Principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, definen lo que implica la libertad académica, identifican a los titulares de derechos y los garantes de los mismos, y adaptan las protecciones a los contextos regionales, demostrando su universalidad.
Camilla Croso destacó la importancia de sensibilizar a la opinión pública, realizar investigaciones y monitoreos rigurosos, emprender acciones colectivas de apoyo y promoción, y presionar a las instituciones educativas para que elaboren sus propias políticas y protocolos de libertad académica, a fin de proporcionar un marco jurídico sólido que permita promover la legislación nacional y reconocer la libertad académica como un pilar esencial de la democracia.
“En las Américas, la aprobación de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021 representa un hito y un avance único en nuestro continente. De hecho, América Latina tiene una trayectoria histórica en este sentido, si se considera la Reforma de Córdoba de 1918, impulsada por estudiantes que reclamaban una mayor autonomía universitaria, libertad académica y participación de los estudiantes en la toma de decisiones”, afirmó Camilla Croso.
Grabación de la presentación de Camilla Croso (en inglés):
Cinco retos para fortalecer la libertad académica en las Américas
During her presentation, Camilla Croso highlighted five challenges that the Americas face regarding academic freedom:
- Violations of pedagogical autonomy (such as curriculum control), physical autonomy (such as militarization of schools and occupation of police forces), governance (such as interference in leadership appointments), and financial autonomy (such as the defunding of education and research).
- Precarious employment contracts undermining job security and freedom.
- Commodification of education allowing market forces to dictate legitimate knowledge.
- Religious interference, especially rising evangelical influence affecting education policies and communities.
- Attacks on gender and race studies and studies on climate, among others.