1) ¿Cómo definieron el enfoque de su investigación y cómo se alinea con los retos que consideran prioritarios para avanzar en la libertad académica como un derecho humano fundamental?

Nuestro equipo de investigación ha observado que la libertad académica y el desarrollo científico en Brasil y Argentina se han visto amenazados por la adopción de discursos difamatorios, políticas de desfinanciamiento y prácticas persecutorias y de censura dirigidas al sector de la educación universitaria y a la comunidad científica durante los gobiernos de ultraderecha de Jair Bolsonaro (2019–2022) y Javier Milei (2023–presente). Ambos gobiernos han promovido —y en el caso de Argentina, continúa promoviendo— discursos y acciones orientados a silenciar y restringir el pensamiento crítico, la investigación y el debate público en torno a temas de gran relevancia social, política y económica, como el cambio climático. Estas acciones no solo ponen en riesgo la integridad y continuidad de la investigación científica, sino que también privan a sus respectivas sociedades de los beneficios que dichos avances podrían aportar al desarrollo de ambos países. En este contexto, consideramos importante investigar las similitudes y diferencias de estos ataques, enfocándonos en las prácticas de negacionismo climático, con el objetivo de reflexionar sobre posibles medidas para fortalecer la investigación y la democracia. Entendemos que la libertad académica es un derecho humano fundamental, ya que es necesaria para el avance del conocimiento científico y su difusión en las sociedades. Su libre ejercicio está estrechamente vinculado al goce de derechos humanos fundamentales que los Estados están obligados a respetar, proteger y garantizar. La libertad académica está reconocida y protegida por diversas normas, pactos y declaraciones internacionales y regionales de derechos humanos, que tienen aplicación directa en América Latina. Entre los instrumentos más relevantes se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), cuyo artículo 26 establece el derecho a la educación y reconoce la libertad de enseñanza; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ratificado por todos los países latinoamericanos, que en su artículo 19 protege la libertad de expresión, fundamento esencial para la libertad académica; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), cuyo artículo 13 también garantiza el derecho a la educación e incluye la libertad de enseñanza como uno de sus elementos fundamentales. También se encuentra la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior (1997), que señala expresamente que la libertad académica es un derecho de los docentes universitarios, incluyendo la libertad de investigación y de expresión sobre su institución; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969), en su artículo 13 garantiza la libertad de pensamiento y de expresión, lo que incluye la libertad académica como parte del ejercicio de estos derechos en el ámbito educativo y científico, la Carta Democrática Interamericana (2001), adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) resalta en su artículo 12 la importancia de la educación como base para la democracia, y por tanto, la necesidad de proteger espacios de pensamiento crítico como los que ofrece la libertad académica. En conjunto, estos instrumentos imponen obligaciones a los Estados latinoamericanos para garantizar y promover un entorno en el que profesores, investigadores y estudiantes puedan enseñar, aprender, investigar y expresar sus ideas sin temor a represalias ni censura, dentro del respeto a los principios democráticos y los derechos fundamentales.En este sentido consideramos que este proyecto puede contribuir a la defensa de la libertad académica como un derecho humano fundamental de dos maneras complementarias. Por un lado, mediante el análisis de las dinámicas y mecanismos a través de los cuales distintos gobiernos buscan restringir o coartar dicha libertad; y por otro, a través de la elaboración de lineamientos y recomendaciones orientadas a su protección y fortalecimiento.   

2) ¿Qué impacto en la libertad académica esperan tener a corto y largo plazo con los resultados de su investigación?

Esta investigación busca aportar, tanto en el corto como en el largo plazo, a una comprensión más rigurosa de los riesgos que enfrentan actualmente la libertad académica y el desarrollo científico en Brasil y Argentina. Dicha comprensión resulta clave para la formulación de estrategias orientadas al fortalecimiento institucional de estas libertades, entendidas como pilares indispensables para el ejercicio del pensamiento crítico y la consolidación del conocimiento científico, fundamentos esenciales de toda democracia sustantiva en América Latina.

A corto plazo, aspiramos a proponer lineamientos y recomendaciones de acción concretas, como ajustes incrementales en los marcos institucionales de universidades y centros de investigación. A largo plazo, buscamos impulsar propuestas de transformación estructural en las políticas de financiamiento científico. Estas medidas podrán ser adoptadas por actores estratégicos —como universidades, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y actores políticos comprometidos con los valores democráticos— en defensa de la integridad científica y del derecho a la libertad académica.

3) ¿Cuál es la importancia de participar de esta convocatoria de investigación impulsada por CLAA y CLACSO?  

La participación en esta convocatoria de investigación impulsada por CLAA y CLACSO reviste una importancia estratégica, en tanto se enmarca en un contexto regional e internacional marcado por crecientes desafíos a la libertad académica y al desarrollo científico. Tal como señala nuestra propia investigación, América Latina enfrenta actualmente una serie de fragilidades institucionales vinculadas a procesos de erosión democrática, fenómeno que no se limita a Brasil y Argentina sino que se extiende a otros países del continente, como Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

En este escenario, iniciativas como la presente convocatoria adquieren un valor crucial como mecanismos de visibilización y resistencia democrática, al ofrecer un espacio para la producción de conocimiento crítico, autónomo y comprometido con los principios de equidad, justicia social y libertad académica. Reconocer esta articulación entre libertad académica y calidad democrática es fundamental, ya que la enseñanza y la investigación científica no sólo sustentan el desarrollo social, político y económico de nuestras sociedades, sino que también garantizan la pluralidad de voces y el pensamiento crítico, condiciones indispensables para el fortalecimiento de cualquier régimen democrático.