Durante Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Camilla Croso, directora ejecutiva de la CLAA, aborda la importancia de la autonomía acadêmica e educación para el fortalecimiento de la ciencia
““l derecho a la libertad académica, entendido como una parte integral del derecho a la educación, conlleva —sostiene ella— la responsabilidad de buscar la verdad, mantener los estándares éticos y profesionales, y aplicar el conocimiento para resolver los problemas sociales actuales, lo que ilustra la relación fundamental del derecho a la educación como pilar y garante del derecho a la ciencia”. Esta fue la afirmación de Camilla Croso, directora ejecutiva de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA), al iniciar su presentación ante el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada el 30 de octubre en Ginebra.
Mira la presentación completa de Camilla Croso en las Naciones Unidas (en inglés):
Defender la educación y la ciencia es un acto de resistencia democrática
Frente a autoridades, investigadores y actividades, Camila Croso participó en el panel “La contribución de la educación al respeto, la promoción, la protección y la realización de todos los derechos humanos para todas las personas”, y destacó la profunda interrelación entre el derecho a la educación, la libertad académica y el derecho a la ciencia, señalando que defender estos derechos es esencial para la democracia y la lucha contra la desinformación.
En su presentación, ella destacó la importancia de la educación como solución frente a la desinformación y el negacionismo científico, y que el acceso a la ciencia debe entenderse como un derecho humano universal que incluye tanto las ciencias naturales como las sociales, así como los saberes indígenas y tradicionales. “La educación es nuestro antídoto más poderoso contra la desinformación y el negacionismo científico. (…) Defender el derecho a la ciencia es inseparable de defender el derecho a la educación y la libertad académica”, afirmó.
Para ella, el negacionismo científico no es un fenómeno marginal; es un desafío estructural para la democracia.“En un mundo donde el negacionismo busca disputar la verdad, defender la educación y la ciencia es un acto de resistencia democrática”, afirmó.
Autonomía académica por el derecho a la ciencia
Durante su intervención, Camilla Croso presentó cinco líneas de acción para avanzar en una agenda de derechos humanos para el derecho a la ciencia. Son ellas:
- Reafirmar el derecho a la ciencia, a la educación y a la libertad académica como pilares de la democracia.
- Fortalecer las instituciones académicas y de investigación y asegurar su financiación.
- Promover la educación científica y los derechos humanos en todos los niveles educativos.
- Valorar, proteger y apoyar a docentes e investigadores, garantizando su autonomía y condiciones laborales.
- Impulsar el multilateralismo y la cooperación Sur–Sur para enfrentar la desinformación, especialmente en temas climáticos.
Esperanzar: por libertad académica, por el fortalecimiento de la democracia
Al fin de su presentación, Camilla Croso llamó la atención para la importancia de invertir, política y financieramente, en sistemas educativos fortalecidos que promuevan el derecho a la educación, el derecho a la ciencia y el derecho a la libertad académica.
“En última instancia, el mensaje que quiero dejarles es uno de esperanza: al afirmar los derechos a la educación, a la ciencia y a la libertad académica en los marcos y programas jurídicos y políticos nacionales, regionales e internacionales, al proteger a educadores, científicos y estudiantes, y al garantizar la libre circulación de ideas, no solo hacemos realidad todos los derechos humanos, sino que también preservamos la integridad misma de la democracia”, concluyó.
Evento paralelo: “Proteger el derecho a la educación en conflictos armados”
Además de la participación de Camilla Croso, el tema de la libertad académica también estuvo presente en el lanzamiento del informe de política “Proteger el derecho a la educación en conflictos armados”.
Realizado el 30 de octubre de 2025, encuentro abordó la creciente violencia contra la educación en contextos de conflicto armado, destacando que en 2024 se registraron cerca de 6.000 ataques contra escuelas, universidades, estudiantes y docentes, además del uso militar de instituciones educativas —un aumento del 166% desde 2021—, lo que dejó a más de 52 millones de niños fuera de la escuela en países afectados por conflictos.
El nuevo Policy Brief de la Relatora Especial Farida Shaheed analiza la magnitud e impacto de estos ataques, los marcos jurídicos internacionales aplicables y las brechas persistentes en materia de rendición de cuentas y justicia. El documento propone ocho prioridades urgentes para los actores nacionales e internacionales, entre ellas:
- Reforzar las normas internacionales y nacionales que prohíban explícitamente los ataques y el uso militar de instalaciones educativas.
- Fortalecer los mecanismos nacionales de investigación, enjuiciamiento y reparación.
- Garantizar una educación continua, inclusiva y segura durante los conflictos.
- Asegurar el acceso equitativo para todos los estudiantes, especialmente los desplazados o discriminados.
- Prevenir la manipulación ideológica de los contenidos educativos.
Integrar la educación en la planificación de emergencias y recuperación, y promover el diálogo con actores armados no estatales para proteger el carácter civil de las escuelas y universidades.
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