La V Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA), realizada los días 21 y 22 de octubre en la Universidad de Ottawa, reunió a especialistas, estudiantes, docentes y organizaciones de distintas partes del continente para debatir cómo hacer efectivo el derecho a la libertad académica. A lo largo de los dos días, las discusiones conectaron los marcos jurídicos y las amenazas actuales con las experiencias de las comunidades universitarias, además de las estrategias colectivas para defender este derecho humano.

Las universidades, en la intersección entre el poder y las ideas



La apertura de la V Conferencia situó a las universidades en el centro de una discusión que trasciende sus propias comunidades: la relación entre conocimiento, poder y democracia. Nomi Claire Lazar, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa y copresidenta del Comité del Senado sobre Libertad Académica, destacó el papel de las universidades en la enseñanza, la investigación, el debate público y la producción de conocimiento basado en evidencias.
Lazar advirtió que los ataques a la libertad académica afectan no solo a quienes investigan y enseñan, sino también a la capacidad de la sociedad para formar ciudadanía democrática y confiar en el conocimiento producido por las universidades. Por eso, defender este derecho requiere estrategias de protección, comunicación pública y articulación entre instituciones y países. “Para proteger la libertad académica, necesitamos trabajar juntas y juntos más allá de los muros, de las fronteras y de todo tipo de límites”.

Penelope Simons, directora del Human Rights Research and Education Centre (HRREC) de la Universidad de Ottawa, dió la bienvenida a las personas participantes y destacó el compromiso de la institución con la Coalición, de la que el Centro es miembro fundador.
También compartió una iniciativa de la Asociación de Profesores de la Universidad de Ottawa: la creación de un comité específico para recoger las experiencias del cuerpo docente en materia de libertad académica, dialogar con distintos actores y elaborar un informe sobre el tema. Al destacar la importancia del encuentro para el intercambio regional, Simons señaló: “Tenemos mucho que aprender de la experiencia de los miembros de la CLAA de otros países, y mucho que aportar a esta conversación”.
Camilla Croso, directora ejecutiva de la CLAA, presentó el tema de la conferencia —Caminos para implementar el derecho a la libertad académica en las Américas— y situó el debate en el marco de los avances normativos internacionales y regionales. Mencionó los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, los desarrollos impulsados en el ámbito de Naciones Unidas y los informes de las relatorías especiales sobre libertad de expresión y sobre el derecho a la educación.
Croso destacó que la libertad académica debe comprenderse en sus dimensiones individual, institucional y colectiva. Su implementación requiere reconocer la autonomía universitaria y las condiciones necesarias para que estudiantes, docentes e investigadores puedan producir, enseñar, compartir y debatir conocimientos sin interferencias indebidas. También enfatizó que la defensa de este derecho no concierne exclusivamente a las instituciones educativas: la sociedad tiene derecho al conocimiento y al pensamiento crítico.
Al presentar uno de los desafíos centrales de la región, Croso señaló la necesidad de construir una estructura de protección y acogimiento que todavía no existe de manera suficiente en las Américas.
Robert Quinn: proteger a quienes investigan también exige enfrentar las causas de las amenazas
La conferencia magistral de Robert Quinn, fundador y director de Scholars at Risk, abordó los desafíos de proteger a integrantes de comunidades académicas que enfrentan amenazas, persecución o violencia. A partir de la experiencia de la organización, Quinn señaló que los programas de acogida y las oportunidades temporales para que investigadores y docentes puedan continuar su trabajo son fundamentales, pero no suficientes.

La protección individual debe formar parte de una estrategia más amplia, capaz de enfrentar las condiciones que producen las amenazas y restringen la libertad académica. Para ello, identificó tres desafíos: definir con claridad qué es la libertad académica y a quién protege; documentar los ataques y producir datos; y avanzar en la implementación efectiva de los estándares existentes.“Si queremos ayudar al mayor número posible de educadoras y educadores, necesitamos trabajar sobre las causas profundas de estos ataques”, dijo Robert Quinn.
Quinn también insistió en que el reconocimiento normativo no basta si no se traduce en medidas concretas en todos los niveles: internacional, regional, nacional e institucional. “La implementación requiere más que declarar principios. Requiere ponerlos en práctica, en todas partes y en todos los niveles”.
La libertad académica como derecho: desafíos y brechas en la protección en Canadá



El primer panel de la V Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA) abordó los desafíos para reconocer y garantizar la libertad académica como un derecho en Canadá, nuestro país anfitrión. Moderado por Joel Westheimer, de la Universidad de Ottawa, el panel reunió a Eya Benhassine, de la Universidad de Montreal; Vannie Lau, de la Universidad de Columbia Británica (UBC); y Érik Labelle Eastaugh, de la Universidad de Moncton.
Eya Benhassine presentó investigaciones sobre las desigualdades de género en las carreras académicas y las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad académica. Su análisis llamó la atención sobre las contradicciones entre los compromisos institucionales con la equidad, la diversidad y la inclusión y las prácticas que pueden limitar su implementación. La investigadora también abordó cómo el discurso de la libertad académica puede ser instrumentalizado en disputas políticas, incluso para cuestionar o debilitar iniciativas de equidad e inclusión en las universidades.
Por su parte, Vannie Lau examinó las brechas en los mecanismos de protección de la libertad académica en Canadá desde los estándares internacionales de derechos humanos. Entre los desafíos identificados se encuentran la fragmentación de las garantías jurídicas y las desigualdades de protección entre los distintos integrantes de las comunidades universitarias. Como señaló, estudiantes y trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos ni organizaciones sindicales frecuentemente quedan desprotegidos. La investigadora también destacó la importancia de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que reconocen la libertad académica como un derecho y recomiendan a Canadá adoptar medidas para garantizarla.
Érik Labelle Eastaugh contribuyó al debate desde una perspectiva constitucional, abordando los fundamentos jurídicos de la libertad académica y las discusiones sobre la neutralidad institucional. También hizo referencia al marco legal de Quebec, que cuenta con una definición específica de libertad académica y mecanismos institucionales para su protección.
El intercambio entre panelistas y participantes profundizó en cuestiones como las amenazas internas y externas a la libertad académica, la autonomía institucional y los límites del principio de neutralidad universitaria. Las discusiones evidenciaron la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para garantizar la libertad académica como un derecho efectivo para todas las personas que integran las comunidades académicas.
Libertad académica y justicia de género: resistencias frente a las violencias y las desigualdades en la academia



La relación entre libertad académica y justicia de género fue el eje del segundo panel de la V Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA).. Las intervenciones de Victoria Pasero, de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina); Joyce Alves da Silva, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (Brasil); Joana Flores, de la Universidad Federal de São Paulo (Brasil); y Mariza Ruiz Trejo, de la Universidad Autónoma de Chiapas (México), con la moderación de Camilla Croso, de la CLAA, abordaron las distintas formas en que las desigualdades y las violencias de género afectan el ejercicio de la libertad académica en la región, bien como ejemplos e iniciativas para contrarestalas.
Victoria Pasero analizó los desafíos que enfrenta la libertad académica en contextos de avance de la extrema derecha, en especial en Argentina, con especial atención a los ataques contra los estudios de género, las ciencias sociales y las humanidades. Desde una perspectiva feminista, señaló la importancia de reconocer cómo las violencias políticas y de género —incluidos los feminicidios y las desapariciones de mujeres— se relacionan con las disputas en torno a la producción y circulación del conocimiento. Su intervención subrayó uno de los elementos claves de los Principios Interamericanos, que es la comprensión de la libertad académica como un derecho que concierne al conjunto de la sociedad.
La participación de Joyce Alves da Silva destacó la experiencia de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro alrededor de iniciativas institucionales de acción afirmativa, políticas de inclusión y medidas de protección de los derechos de las personas trans. Al destacar los desafíos que persisten incluso después de garantizar el acceso a la universidad, afirmó: “Con las acciones afirmativas tenemos una batalla que va más allá de garantizar las plazas: implica defender la permanencia de este segmento estudiantil”. Su intervención puso de relieve el nexo entre políticas de inclusión y la justicia epistémica, una de las piedras angulares de la libertad académica, que presupone la participación y circulación de ideas de personas históricamente marginadas y excluidas de los sistemas de producción de conocimiento. Asimismo, como mujer trans, la presencia de Joyce en el panel representó además un paso importante en la visibilidad y el reconocimiento de la diversidad de mujeres en los espacios académicos.
Joana Flores, por su vez, presentó experiencias impulsadas por el Grupo de Trabajo de Género de la CLAA, especialmente el proyecto piloto de formación y prevención de la violencia de género en el ámbito de la instituciones de enseñanza superior (IES). La iniciativa promueve formación crítica de equipos, metodologías participativas de elaboración de propuestas de intervención y cambio y el intercambio entre instituciones de 6 países de América Latina. Entre los desafíos identificados, destacó la necesidad de fortalecer la implementación y el seguimiento de los protocolos institucionales, crear indicadores comunes de monitoreo, garantizar procesos de formación continua y reforzar la responsabilidad del Estado y de las IES en la protección del derecho a la libertad académica.
Por su parte, Mariza Ruiz Trejo presentó una investigación feminista e interdisciplinaria sobre los obstáculos que enfrentan mujeres, feministas y personas LGBTQI+ para ejercer la libertad académica en Chiapas, Guatemala y El Salvador. El estudio, desarrollado mediante entrevistas, encuentros y conversaciones con investigadoras, estudiantes, artistas y activistas, identificó situaciones de acoso, amenazas, discriminación, violencia sexual y criminalización, así como barreras relacionadas con la maternidad y la permanencia en la vida académica. Mariza destacó que la violencia de género, el acoso y las amenazas vulneran la libertad académica y pueden producir autocensura.
Promoviendo un ecosistema de protección para personas académicas en riesgo



El panel Promoviendo un ecosistema de protección para personas académicas en riesgo, moderado por Danielle Pamplona (PUC Paraná, Brasil), reunió experiencias de Brasil, Canadá y Colombia para reflexionar sobre los desafíos de construir mecanismos de protección y acogimiento que permitan a educadores/as, investigadores/as y estudiantes continuar sus trayectorias académicas frente a amenazas y vulneraciones de derechos. Las intervenciones destacaron que el desplazamiento forzado y el exilio académico no implican únicamente la pérdida de un espacio de trabajo o estudio, sino que generan otras vulnerabilidades relacionadas con la seguridad, la situación migratoria, los vínculos familiares y la continuidad de las actividades profesionales y de aprendizaje. En ese sentido, se subrayó la necesidad de superar respuestas fragmentadas y avanzar hacia políticas institucionales, políticas públicas (incluso de financiamiento) y redes de cooperación capaces de ofrecer acompañamiento integral y sostenido.
Desde Canadá, Enchieh Erfani, investigadora iraní del Perimeter Institute for Theoretical Physics, compartió su experiencia de exilio tras las amenazas recibidas por su posicionamiento frente al régimen de Irán y explicó las dificultades que enfrentan las personas académicas en riesgo para acceder a programas de acogida, oportunidades profesionales y vías de residencia permanente. “Science saved my life, and it’s the time to save others” (La ciencia salvó mi vida y es hora de salvar a otras personas), expresó, retomando el título de un artículo publicado en Nature. También señaló las limitaciones de los programas existentes, que frecuentemente restringen el concepto de persona académica a quienes tienen doctorado y trayectoria de investigación, dejando fuera a estudiantes y otros profesionales. Por su parte, Jaqueline Bertoldo, de la Universidad Federal de Paraná (Brasil), presentó un panorama de las iniciativas de acogida académica desarrolladas en el país, destacando experiencias de universidades y agencias de investigación que han recibido a docentes y estudiantes desplazados. Si bien estas iniciativas representan avances importantes, advirtió sobre su fragmentación y la necesidad de construir mecanismos más estables, articulados y permanentes.
La contribución de Pâmella Passos, del Instituto Federal de Río de Janeiro (IFRJ), presentó el trabajo de la CLAA para avanzar de las orientaciones institucionales a acciones concretas de acogimiento. A partir de las directrices y la Carta de Compromiso elaboradas en 2025, la Coalición impulsa la construcción de un ecosistema regional de acogida y un programa piloto de reubicación temporal. La iniciativa involucra a dos universidades brasileñas y una colombiana, que trabajan en el diseño de proyectos institucionales de acogida, considerando las condiciones de infraestructura, los requisitos migratorios y las necesidades de las personas protegidas y sus familias. La perspectiva es acoger a tres personas educadoras en riesgo en 2027 y sistematizar los aprendizajes de estas experiencias.
Desde Colombia, Manuela Menéndez Besada-Lombana, de la Universidad Pedagógica Nacional, presentó una ruta institucional de atención y protección para integrantes de la comunidad universitaria en situación de riesgo, que contempla prevención, acompañamiento jurídico, medidas de protección y apoyos humanitarios de emergencia. En conjunto, las experiencias reafirmaron que la protección requiere compromisos institucionales, políticas publicas, cooperación regional y mecanismos sostenibles que permitan defender la libertad académica y garantizar que quienes enfrentan amenazas puedan continuar desarrollando sus actividades educativas y científicas con dignidad y seguridad.
El Informe Free to Think 2026: un panorama de los ataques a la libertad académica
Para cerrar la programación del primer día, Jack Mayerhofer, senior program officer for Global Coalitions de Scholars at Risk y miembro del Comité Ejecutivo de la CLAA, presentó los principales hallazgos del informe Free to Think 2026, que documentó 382 ataques contra la educación superior en 59 países y territorios, entre julio de 2025 y junio de 2026. Entre las tendencias identificadas, destacó la continuidad de la represión en contextos autoritarios y el aumento de ataques en países tradicionalmente considerados democráticos. Estos incluyen no solo violencia, detenciones y persecuciones, sino también restricciones a la autonomía universitaria, censura, vigilancia de docentes y limitaciones a la movilidad académica. “Las universidades ocupan un lugar fundamental en la sociedad, en la intersección entre el poder y las ideas”, señaló Mayerhofer, destacando su papel en la producción de conocimiento, la búsqueda de la verdad y la formación de estudiantes.

Al analizar las Américas, Mayerhofer advirtió sobre el retroceso de la libertad académica en la región y destacó especialmente el deterioro de los indicadores de Estados Unidos, que pasó de la categoría de plenamente libre a moderadamente restringido entre 2019 y 2025. Frente a este escenario, el informe recomienda fortalecer los mecanismos públicos de financiamiento para la protección de personas académicas en riesgo, ampliar las oportunidades de acogida en las universidades y movilizar a otros sectores profesionales y a la sociedad civil.
Él también destacó la recuperación moderada de los indicadores de Brasil en los últimos años, como una señal de que es posible revertir tendencias de deterioro. En su conclusión, hizo un llamado a la acción colectiva: “Sólo mediante la acción colectiva es posible resistir el aislamiento, la división y el miedo que hacen efectivos los ataques contra la educación superior”, convocando a fortalecer la cooperación y la implementación de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.
Defender la libertad académica: herramientas jurídicas frente a las amenazas y la instrumentalización del derecho



El panel “Defendiendo el derecho a la libertad académica mediante enfoques jurídicos”, moderado por Rafael Ivaragarza, reunió perspectivas sobre los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales para proteger la libertad académica. Anna Santana, de la Pontificia Universidad Católica del Paraná (Brasil), destacó la relación entre autonomía universitaria, libertad académica y democracia, y defendió el reconocimiento de este derecho como una garantía que protege tanto a quienes integran las comunidades académicas como el interés de la sociedad en la producción y el acceso al conocimiento. Por su parte, Victor Drescia, del Center for Civil and Political Rights, propuso construir una ruta de litigio estratégico que articule mecanismos constitucionales nacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Entre sus propuestas, destacó la elaboración de informes sombra sobre la situación de la libertad de cátedra en los países de la región. “Hagamos una ruta de litigio”, planteó, invitando a las universidades y organizaciones a trascender el ámbito institucional y actuar conjuntamente frente a las violaciones.
Desde Canadá, Steven Jordan, de la McGill Association of University Teachers, compartió la experiencia de su asociación ante las controversias generadas por una resolución que aprobó el boicot académico y cultural a instituciones israelíes señaladas por su implicación en el genocidio y la limpieza étnica. La iniciativa, aprobada por 108 votos a favor y ocho en contra, desencadenó una fuerte reacción pública y denuncias contra Jordan, entonces presidente de la asociación, bajo el argumento de que la resolución afectaba la libertad académica de quienes mantenían vínculos con instituciones israelíes. Para Jordan, el caso evidencia cómo los discursos de protección de este derecho pueden terminar restringiéndolo, generando autocensura y un clima de intimidación dentro de las universidades.
Salvador Erencia Carrasco, de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CAFA) presentó el trabajo de incidencia jurídica de la organización y propuso ampliar el uso de los instrumentos internacionales existentes. Recordó que en 2026 se cumplen cinco años de la adopción de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria y dos años de las directrices de Naciones Unidas para implementar este derecho. Sin embargo, advirtió que estos instrumentos representan un punto de partida: “Los principios establecen el piso, no el techo, de lo que la libertad académica puede y debe ser”. También subrayó la importancia de acompañar casos concretos de personas afectadas por represalias, despidos y persecución, así como de considerar las consecuencias de estas violaciones sobre sus proyectos de vida. “La libertad académica es un derecho y, como derecho, debemos centrarnos en las personas”, señaló.
El derecho a la libertad académica de los estudiantes: protección, agencia y participación en las universidades



La libertad académica también es un derecho de los y las estudiantes, quienes producen conocimiento, participan en la vida universitaria y pueden impulsar transformaciones políticas y sociales. Esta fue una de las ideas centrales del panel “El derecho a la libertad académica de los estudiantes”, moderado por Iveta Silova, de Arizona State University. La conversación, realizada en el segundo día de la Conferencia, reunió a Elthon Rivera, de la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN); Héctor Ríos-Jara, de la Universidad Central de Chile; Henry Wright, del Global Student Forum; y Milad Mohebali, de la Universidad de Nebraska. A partir de investigaciones y experiencias en distintos contextos, los participantes abordaron las amenazas que enfrentan los estudiantes y las estrategias para garantizar su protección, participación y continuidad educativa.
Elthon Rivera presentó el trabajo para desarrollar un marco regional de protección y acogida de estudiantes en riesgo en América Latina, impulsado por la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA). La propuesta busca responder a la ausencia de mecanismos claros que orienten a las universidades en la recepción de estudiantes afectados por persecución, desplazamiento y ataques a la libertad académica. El proceso prevé una etapa que permita a las instituciones revisar y adaptar las orientaciones a sus propias condiciones y capacidades. Rivera subrayó que no es necesario tener todos los mecanismos resueltos para comenzar a actuar: la protección de estudiantes debe avanzar en paralelo con la construcción de las herramientas institucionales. También llamó la atención sobre la situación de Nicaragua y sobre la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional que considere los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y las comunidades históricamente vulnerabilizadas.
Héctor Ríos-Jara compartió hallazgos de una investigación sobre las formas en que las comunidades universitarias protegen el activismo estudiantil en contextos de retroceso democrático. A partir del análisis de 19 casos en 14 países y de entrevistas con estudiantes y organizaciones, señaló que muchas de las respuestas más efectivas no provienen de estructuras formales, sino de redes informales, alianzas horizontales y mecanismos de apoyo mutuo. Estas redes ofrecen orientación, asistencia jurídica y alternativas para que estudiantes puedan continuar sus estudios y su participación política. Sin embargo, constituyen un ecosistema frágil, marcado por la falta de recursos, el trabajo voluntario y las dificultades para sostener el acompañamiento a largo plazo. En ese sentido, Ríos-Jara destacó la importancia de ampliar las coaliciones y fortalecer la colaboración internacional sin comprometer la autonomía de las redes. También planteó un desafío conceptual: conectar la libertad académica con otras luchas estudiantiles, como el derecho a la educación, la inclusión y la oposición a las políticas de austeridad.
Por su parte, Henry Wright explicó cómo el Global Student Forum trabaja para facilitar que estudiantes afectados por violaciones de derechos humanos puedan presentar información y denuncias ante los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para ello, la organización prepara un espacio en su sitio web con orientaciones y apoyo directo para quienes necesiten utilizar estos mecanismos. En su intervención, insistió en que la solidaridad requiere reconocer los distintos niveles de riesgo: las responsabilidades públicas y las tareas de representación deben distribuirse considerando las condiciones y la seguridad de cada estudiante.
Milad Mohebali, a su vez, defendió la necesidad de construir relaciones de confianza y diálogo antes de que estallen los conflictos en las universidades. Para ello, docentes, estudiantes y equipos de asuntos estudiantiles deben establecer espacios permanentes de escucha y colaboración, en lugar de limitar el intercambio a los momentos de crisis. Durante el debate, los panelistas también abordaron las amenazas a la libertad académica dentro de las propias aulas, incluidas la autocensura y la desconfianza entre estudiantes, así como los efectos de la polarización y de las redes sociales. La discusión permitió ampliar la mirada sobre las distintas fuentes de presión que condicionan la participación estudiantil y sobre la necesidad de garantizar que las voces menos escuchadas puedan formar parte de las decisiones.
Resistencias colectivas para transformar las estructuras universitarias



La resistencia a los ataques contra la libertad académica no puede limitarse a la respuesta jurídica ni a la defensa individual de docentes e investigadores/as. Requiere organización colectiva, prevención, movilización social y compromisos institucionales. Esta fue una de las principales reflexiones del panel “Modos de resistencia y cambio”, moderado por Jesse Levine, de Scholars at Risk, durante la V Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA).
Cristina Burneo Salazar, investigadora independiente de Ecuador, compartió su experiencia de represalias y despido de la Universidad Andina Simón Bolívar después de denunciar situaciones de acoso laboral y académico. Su relato mostró cómo las estructuras universitarias pueden reproducir relaciones de poder y utilizar mecanismos institucionales para silenciar a quienes cuestionan esas prácticas. Frente a ello, destacó la articulación de colectivos feministas y la construcción de espacios colectivos de escucha y justicia, que no dependan exclusivamente de los procedimientos estatales. También defendió la necesidad de ampliar quiénes producen conocimiento y participan de la vida universitaria, incorporando a personas trans, afrodescendientes, indígenas y migrantes. Como sintetizó, se trata de transformar la denuncia “en una fuerza colectiva de creación”, y de construir instituciones con mayor pluralismo epistémico.
Por su parte, Fernando Romani Sales, de la CLAA, presentó un estudio sobre iniciativas y estrategias de defensa de la libertad académica en las Américas. A partir de experiencias de distintos países, destacó la complementariedad entre mecanismos institucionales y formas de resistencia impulsadas por docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Su intervención subrayó que la protección de este derecho requiere tanto respuestas frente a las vulneraciones como acciones capaces de fortalecer las condiciones democráticas de las instituciones educativas.
Desde Estados Unidos, Glenn Mitoma, del Institute for the Study of Human Rights de la Universidad de Columbia, analizó los impactos de las medidas del gobierno de Donald Trump sobre las universidades y, en particular, sobre los centros e institutos de derechos humanos. Relató la presión ejercida sobre Columbia mediante el congelamiento de más de 400 millones de dólares en fondos federales, las restricciones a la movilización estudiantil y las medidas contra estudiantes y académicos internacionales. A partir de la articulación con colegas de Harvard y de la Universidad de Minnesota, presentó una iniciativa para formular principios de libertad académica específicos para estos centros. La propuesta contempla cinco dimensiones: investigación, enseñanza, incidencia, convocatoria y energía colectiva. Para Mitoma, la libertad académica no puede reducirse a la protección individual de quien investiga: “No hay una postura neutral para los programas de derechos humanos”, afirmó, defendiendo una perspectiva basada en los derechos humanos y vinculada al derecho a la educación.
Mitoma sostuvo que la libertad academica adquiere relevancia social cuando contribuye a enfrentar las desigualdades y mejorar las condiciones materiales y democráticas de la población. Así, el panel amplió la noción de resistencia: no solo proteger los espacios de producción de conocimiento, sino también transformar las estructuras que determinan quién puede producirlo, enseñarlo y ponerlo al servicio de la sociedad.
La libertad académica como pilar de las sociedades democráticas
El cierre de la V Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA) estuvo a cargo de Viviana Fernandez, del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos (HRREC) de la Universidad de Ottawa, y Camilla Croso, de la CLAA. Ambas destacaron los avances alcanzados por la Coalición y la importancia de fortalecer las alianzas regionales para impulsar la implementación del derecho a la libertad académica.
Fernandez recordó que la coalición fue fundada en 2021 por la Universidad de Monterrey, Scholars at Risk y el HRREC, con el propósito de ampliar la conciencia pública y la incidencia en defensa de la libertad académica en las Américas. También repasó algunos hitos que han contribuido a consolidar este campo de trabajo: los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, publicados en 2021; la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de julio de 2025, que reconoció la libertad académica como una dimensión fundamental del derecho a la educación; y la resolución de julio de 2026 sobre libertad de opinión y expresión, que reconoció los vínculos entre estos derechos y el papel de las comunidades académicas en su promoción y protección.
Al reflexionar sobre los debates de los dos días de conferencia, Fernandez destacó los avances en la discusión sobre los mecanismos de implementación, las estrategias de resistencia, la relación entre género y libertad académica, la participación estudiantil y los ecosistemas de apoyo a académicos en riesgo. También advirtió sobre un contexto internacional cada vez más complejo, marcado por tendencias autocráticas que buscan silenciar el disenso e imponer narrativas oficiales. En este escenario, afirmó, las universidades son espacios fundamentales para la producción de evidencia, el debate y el diálogo, y para que la ciudadanía pueda comprender y cuestionar la realidad.
Camilla Croso, por su parte, destacó la importancia de seguir construyendo una trama de alianzas y una acción colectiva capaces de impulsar transformaciones en las instituciones y en la sociedad. La ampliación de la Coalición y la incorporación de nuevos miembros, junto con el trabajo articulado en los ámbitos nacional, interamericano e internacional, son parte de ese esfuerzo. En su mensaje final, agradeció a quienes participaron en la organización de la conferencia, a los panelistas, voluntarios y equipos que hicieron posible el encuentro.
El cierre reafirmó el compromiso de la CLAA con el fortalecimiento de una red continental sostenible, capaz de articular estándares internacionales con las realidades locales y de promover la libertad académica y la autonomía universitaria como condiciones indispensables para la democracia.
Videos – grabación de la V Conferencia de la CLAA:
Primer día:
Segundo día
Galería de fotos:














































