Organizado por la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA), con el apoyo de NORRAG, el encuentro reunió en Buenos Aires a representantes de organismos internacionales, universidades, gobiernos, parlamentos y organizaciones de la sociedad civil para debatir estrategias que permitan avanzar de los estándares internacionales hacia la implementación efectiva de la libertad académica en la región.
La Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA), con el apoyo de NORRAG, realizó el 1 de julio de 2026, en la sede del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en Buenos Aires (Argentina), el diálogo regional “Hacia la Implementación del Derecho a la Libertad Académica en América Latina”.
El encuentro reunió a representantes de organismos internacionales de derechos humanos, universidades, redes académicas, parlamentos, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para construir una agenda orientada a fortalecer la implementación del derecho a la libertad académica en América Latina.
Participaron Camilla Croso y Thais Iervolino, por la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA); Pablo Vommaro y Tereza Arteaga, por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Carolina Santacruz-Pérez, del International Science Council (ISC); Cecilia Garcés, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos); Jack Mayerhofer, de Scholars at Risk; Laura Rovelli, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Matías Penhos, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM); Estela Miranda, del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR (NEIES); Estela Rivero, de la Central America Research Alliance (CARA); Clara Chevalier, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU); Flávia Piovesan, profesora de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) y ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Sebastián Sabini, del Senado de Uruguay y del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino); y Daniel Corredor-Llorente, experto en libertad de expresión en los sistemas internacionales de derechos humanos.
“La región ha avanzado significativamente en el desarrollo de estándares para la protección de la libertad académica. Hoy el desafío consiste en transformar esos principios en políticas públicas, legislación, mecanismos institucionales y prácticas concretas que garanticen el ejercicio efectivo de este derecho. Este diálogo constituye un paso importante para construir esa agenda de implementación desde una perspectiva regional y colaborativa”, afirmó Camilla Croso, presidenta del Consejo Directivo de la CLAA.
Del reconocimiento normativo a la implementación
La primera parte del encuentro estuvo dedicada a construir un diagnóstico compartido sobre el estado de la libertad académica en América Latina.
Las presentaciones iniciales abordaron las principales tendencias regionales y globales, los avances alcanzados mediante los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (CIDH, 2021), el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación y los Principios Globales para la Implementación del Derecho a la Libertad Académica, ambos del 2024.
Las discusiones coincidieron en que, pese a estos importantes avances normativos, persiste una brecha significativa entre el reconocimiento jurídico de la libertad académica y su implementación efectiva.
Entre los principales obstáculos identificados estuvieron el debilitamiento democrático, los ataques a la autonomía universitaria, el desfinanciamiento de la educación superior y la investigación, la precarización del trabajo docente, las campañas de desinformación y las crecientes presiones políticas y económicas sobre la producción de conocimiento.
Otro de los consensos fue que las amenazas no provienen exclusivamente de los Estados. Las personas participantes señalaron también el creciente impacto de intereses económicos y del mercado sobre las agendas de investigación, el financiamiento científico y la autonomía de las instituciones de educación superior.
Una agenda construida desde múltiples actores
Uno de los principales aportes del diálogo fue la identificación de los actores con mayor capacidad para impulsar la implementación del derecho a la libertad académica.
Las discusiones destacaron el papel de las universidades en la generación de conocimiento, la formación y la adopción de mecanismos institucionales de protección; de los poderes legislativos y ejecutivos en el desarrollo de políticas públicas y marcos normativos; del sistema de justicia en la consolidación de estándares jurisprudenciales; y de los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las redes académicas, los sindicatos y los movimientos estudiantiles en la documentación de violaciones, la incidencia política y el monitoreo permanente.
Durante el intercambio también se resaltó la importancia de fortalecer la cooperación regional mediante estudios comparados, redes de investigación, intercambio de buenas prácticas y mecanismos internacionales que favorecen la movilidad académica y el reconocimiento de títulos.
En ese marco, Andrés Hernando Quevedo Ávila, del Ministerio de Educación de Colombia, presentó la reciente adhesión del país al Convenio Mundial de la UNESCO sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior, destacando su contribución para promover la movilidad académica y ampliar el acceso a la educación superior para personas migrantes y refugiadas.
Por su parte, Sebastián Sabini, senador de Uruguay e integrante del Parlatino, destacó el potencial de los parlamentos nacionales y regionales para traducir los estándares internacionales en legislación y políticas públicas, mientras que Carolina Santacruz-Pérez, del International Science Council, subrayó la necesidad de fortalecer el vínculo entre libertad académica, derecho a la ciencia y producción de conocimiento como bienes públicos.
Construir memoria, fortalecer redes y ampliar la incidencia
Las personas participantes coincidieron en que la implementación requiere una estrategia integral que articule derechos humanos, educación, ciencia, políticas públicas y cooperación internacional.
En este sentido, se propuso fortalecer la producción de investigaciones comparadas, sistematizar experiencias exitosas de implementación, construir bancos regionales de buenas prácticas y desarrollar estrategias de comunicación que permitan acercar la libertad académica a la sociedad mediante historias de vida, memoria y evidencia sobre su impacto en la democracia.
Durante el debate, Flávia Piovesan, profesora de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) y excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó la importancia de consolidar un lenguaje común de derechos humanos para fortalecer la implementación de la libertad académica, así como de profundizar el análisis del papel de los poderes públicos y del sistema de justicia en la protección de este derecho.
Asimismo, Laura Rovelli, investigadora del CONICET, señaló que la discusión sobre libertad académica forma parte de una disputa más amplia sobre los modelos de universidad, ciencia, democracia y desarrollo que las sociedades latinoamericanas buscan construir, enfatizando la importancia de fortalecer los estudios comparados y las alianzas regionales.
Próximos pasos
Las contribuciones recogidas durante el diálogo servirán de base para la construcción de una agenda regional de implementación del derecho a la libertad académica y para orientar las próximas acciones de incidencia de la CLAA.
Como continuidad de este proceso, la Coalición prevé realizar dos diálogos regionales más, uno centrado en Mesoamérica y el otro en Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de ampliar la reflexión a toda la región de las Américas y seguir fortaleciendo una agenda continental de cooperación para la protección de la libertad académica.
El encuentro reafirmó que la implementación efectiva de la libertad académica requiere no solo marcos normativos sólidos, sino también de infraestructuras políticas, institucionales, de conocimiento y de financiamiento, que impulsen voluntad política, instituciones democráticas fuertes, financiamiento adecuado, cooperación internacional y una amplia articulación entre los diversos actores comprometidos con la defensa de este derecho humano fundamental.
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